Aguirre se reafirma en que no va a quitar las 20 horas de clase semanales
En rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP de Madrid, Aguirre ha sido así de tajante al referirse a la reunión de la Mesa Sectorial que la Consejería de Educación ha convocado para mañana clon el objetivo, ha dicho, "de dar cuenta a los sindicatos" de las medidas adoptadas en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 27 de diciembre pasado. La presidenta ha recalcado que la medida de ampliar a 20 las horas lectivas del profesorado de Secundaria de Madrid, que ha provocado la celebración de manifestaciones y huelgas por parte de este colectivo desde principio de curso, es inalterable y que obedece "a la enorme situación de dificultad y a la crisis que vive España".
Ha indicado que Madrid "no es ajena" a esa crisis, a pesar de que la economía regional ha crecido un 1,7% y de que el paro está cinco puntos por debajo de la media nacional, pero ha subrayado que su Gobierno cree "honestamente" que debe pedir ese esfuerzo a quienes tiene el salario y el puesto de trabajo garantizado "de por vida". Ha indicado además que la Comunidad considera que los madrileños "no quieren excepciones" y que por eso apoyan que se quiera equiparar a los funcionarios regionales con el resto de los funcionarios españoles.
Por eso ha mostrado su "máximo respeto" por la decisión de los funcionarios de convocar una manifestación para el próximo 7 de febrero, pero les ha recordado que se trata de "equiparar su jornada laboral" a la del resto de los funcionarios públicos, de manera que pasará de las 35 horas semanales actuales a 37,5 horas. Ha afirmado que en la Comunidad de Madrid los profesores y los jueces ya trabajaban 37,5 horas a la semana y que ahora se trata de de que hagan lo mismo los que hacían 35 horas, conforme al decreto del Estado que propone esa jornada para todos los funcionarios.
Lo mismo ha dicho que sucede con las bajas médicas, donde ha indicado que la Comunidad "se equipara al resto del personal al servicio de las Administraciones públicas" y que aplica el régimen general de la Seguridad Social a los funcionarios que tenían hasta ahora "una serie de incentivos".