El rendimiento académico tendrá más importancia para obtener una beca

En una conferencia-coloquio organizada por el Foro de la Nueva Sociedad, el ministro ha apuntado como "posible" que haya unos temarios nuevos de Educación para la Ciudadanía el curso próximo, aprobados por Real Decreto, sin que la asignatura cambie aún de nombre, ya que esto requiere una reforma de la Ley Orgánica de Educación.

Preguntado por la financiación de la universidad, ha indicado que hay que replanteárselo desde todas las perspectivas y que la limitación del número de convocatorias de examen para poder aprobar una asignatura "no está excluida". Ha defendido dar un "paso más" para conseguir que el tejido empresarial "se acerque a la gestión de la universidad", pues las mejores del mundo son aquellas donde la iniciativa social es "elemento central", al tiempo que ha citado la futura ley del mecenazgo.

Sobre las becas, ha señalado que se han convertido en una asignación "no competitiva", pues basta con aprobar con la calificación mínima 80 ó 60 créditos por curso universitario, según la carrera, sin que influya si se obtiene un sobresaliente. "Hay que revisarlo no solo en el mecanismo de acceso, sino sobre todo en el mecanismo de mantenimiento para ser más exigente en el rendimiento y más sensible a la excelencia, al rendimiento positivo", ha indicado.

Preguntado por un Pacto de Estado de la Educación, ha asegurado que nada le gustaría más y que lo va a intentar. Aunque ha dudado de que esa sea la definición más aconsejable, ha dicho que se trata de que implique a los actores políticos, las organizaciones sociales, los sindicatos y las patronales, donde la "iniciativa social tiene mucho que decir. "La Educación, durante demasiado tiempo, ha estado sometida a vaivén político", ha indicado.

Sobre la situación del sistema educativo, ha dicho que, con benevolencia, se encuentra estancado, y, con realismo, en retroceso. Se ha referido a un "cartera de servicios educativos básicos" para preguntarse si las diferencias de gasto por alumno entre comunidades se daría si la hubiera. Ha insistido en que la misión del Gobierno es "garantizar" que se cumplan las resoluciones judiciales para que los alumnos que quieren estudiar en castellano en Cataluña pueden ejercer este derecho. Además ha vuelto a negar un perjuicio generalizado por restituir los temarios de oposiciones docentes anteriores a los que aprobó el gobierno socialista en noviembre de 2011. Y se ha remitido al Ministerio de Hacienda para cualquier recurso que pudiera presentarse a las convocatorias autonómicas de empleo público de profesorado si no cumplieran, ha precisado, el máximo del 10 por ciento de reposición de plazas.

En cuanto a los horarios televisivos de protección infantil, ha dicho que tendrían que tener "una modulación mayor", para lo que hay un marco legal "más que suficiente", y ha apelado al acuerdo entre los operadores y el Gobierno.

Por su parte, la secretaria de Educación del PSOE, María del Mar Villafranca, ha asegurado que el Gobierno "pretende cargar sobre los más débiles, esta vez los becarios," el "peso de los recortes" tratando de "revestirlo de una búsqueda y promoción del esfuerzo y la calidad". La dirigente socialista ha mostrado su "extrema preocupación" ante este planteamiento y ha considerado que "todo apunta a que el Gobierno del PP está planteando otro retroceso más en la igualdad de oportunidades en materia educativa y social". "Cualquier recorte tendrá una repercusión directa en materia de igualdad de oportunidades y en las posibilidades de muchos para estudiar", ha añadido Villafranca, quien ha manifestado que uno de los mayores avances del Ejecutivo socialista fue "convertir las becas en un auténtico derecho para quien cumpliera los requisitos".

Según el PSOE, es "bueno fomentar el esfuerzo y la superación en los estudios", pero no se puede hacer "a costa de derechos y criterios de equidad porque los estudiantes que dependen de una beca bien saben lo que significa el esfuerzo y superar los obstáculos económicos para disponer de oportunidades". Villafranca ha lamentado que Wert, a su juicio, "ha sembrado nuevamente la incertidumbre en la comunidad educativa, que asiste atónita a otra decisión unilateral del Gobierno, que no ha consultado o analizado con el sector ni con los propios rectores universitarios".