CCOO recurrirá la orden que modifica el baremo de escolarización en la región
CCOO de Madrid recurrirá ante los tribunales la nueva orden de escolarización en los centros públicos de la región por considerarla "ilegal", ya que "vulnera la legislación vigente sobre esta materia a nivel del Estado". El nuevo baremo de admisión de alumnos se aplicará en el 91% de los colegios de la Comunidad en el curso 2012-13, cuyo plazo de matriculación se abre el próximo 18 de abril.
CCOO asegura que el nuevo baremo "elimina de facto el concepto de zona de influencia de los centros", suprime el punto relacionado con la renta familiar "reduciéndolo sólo a las Rentas Mínimas de Inserción", además de eliminar "el punto de problemas médicos-alimentarios del alumnado". Asimismo, la nueva orden "genera un baremo con grandes posibilidades de que se produzcan empates que, además, deberán dirimirse por sorteo con los conflictos que eso puede generar", señala CCOO en un comunicado. Todo ello, según la nota, produce "graves problemas de gestión, que se acrecentarán a lo largo del proceso de escolarización, y suponen un claro incumplimiento de La Ley Orgánica de Educación", la cual "exige el establecimiento de áreas de influencia de los centros" para garantizar una educación equilibrada de todo el alumnado.
Para CCOO, la Comunidad persigue con esta orden "desregularizar el sistema, fomentar la privatización del mismo y degradar la escuela pública". Con el "argumento demagógico de la 'libre elección de centro' se encubre una discriminación en la selección del alumnado ya que, en realidad, la propuesta no persigue que las familias elijan centro sino que los centros elijan alumnos", añade.
En el momento actual, "las cifras demuestran un crecimiento de la demanda de escolarización en la enseñanza pública madrileña", una preferencia que también recoge el último estudio de opinión del CIS sobre esta materia, afirma el sindicato. CCOO asegura que "dispone ya de datos procedentes de diferentes Comisiones de Escolarización que demuestran lo erróneo de este cambio en el mapa de escolarización".
La nueva normativa, concluye el sindicato, "atenta contra el derecho a la Educación, la igualdad de oportunidades y la cohesión social no respetando los principios fundamentales contemplados en la Ley Orgánica de Educación".