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Los rectores ven imposible poder aplicar correctamente la norma que desde el pasado 1 de enero obliga a que los estudiantes en prácticas sean dados de alta, ante la desinformación y las instrucciones "contradictorias" que les está trasladando la Tesorería General de la Seguridad Social, y advierten de que el sistema de prácticas formativas pueda "colapsar".
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