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La OCDE y el Ministerio de Educación español proponen un índice de vulnerabilidad escolar, equiparable en toda España, para identificar y asignar recursos adicionales a los centros educativos más vulnerables con el fin de reducir el abandono temprano, que en España se situó en el 13,9% en 2022, frente al 9,3% del conjunto de la UE.