El Gobierno gallego ha alertado de una posible pérdida de 2.500 plazas de escuelas infantiles por la propuesta del Gobierno de reducir la ratio de alumnos por unidad, motivo por el que presentará alegaciones al proyecto del Ejecutivo.
FSIE celebra la aprobación de orientadores en centros concertados
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha celebrado la decisión de la Conselleria de Educación de que los centros concertados valencianos cuenten con un orientador escolar en las etapas de Infantil y Primaria.
Canarias logra un acuerdo con la enseñanza concertada para mejoras en el curso 2022-23
Un acuerdo entre la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y representantes de la educación concertada "traerá mejoras" en el próximo curso 2022-23 a través de la introducción de diferentes medidas, según ha informado este lunes la propia institución en un comunicado.
El síndrome del impostor
¡Sed buenos!
¿Es posible aprender idiomas en las redes sociales? Expertos explican los pros y contras de esta tendencia
El mayor uso de las redes sociales hace que los contenidos didácticos también se propaguen por internet, si bien estos pueden esconder intereses comerciales o publicitarios.
Ministra del Gobierno y portavoz del partido
El Ministerio retira el Decreto de Requisitos Mínimos (ratios, instalaciones…) ante las críticas recibidas
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El sindicato CSIF denuncia que el Ejecutivo mantiene altas ratios de alumnos por aula, carencias de personal especializado en inclusión educativa y adaptación a las normas legales sobre climatización y ventilación.
El nuevo borrador de Decreto de Requisitos Mínimos mantiene las ratios actuales
A Xunta programa este verán 300 actividades familiares coa campaña ‘Tece Redes en galego’
A iniciativa conta cun orzamento de preto dun millón de euros para accións de ata 150 entidades en diferentes localizacións. Están enfocadas a coñecer o uso do galego desde un punto de vista lúdico.
De los 550 profesores técnicos de FP, alrededor del 95% se podrán integrar en el cuerpo de Secundaria
Lombó cree que la equiparación es “de justicia”, pero lamenta que sean de nuevo las autonomías las que tengan que asumir el coste íntegro, que rondará los 800.000 euros anuales.
