Los últimos meses del 2006-07 fueron prolijos en actuaciones judiciales contra distintos
episodios de violencia escolar. Se trata de casos especialmente graves que han
conseguido traspasar las fronteras de la escuela para ser juzgados como delitos en
toda regla. Algunas sentencias destacan por haber recurrido a resquicios legales nunca
antes utilizados para abordar problemas de conflictividad en el ámbito escolar.
Un síntoma de que jueces y fiscales empiezan a tomar cartas en el asunto.
Autor: padresycolegios.com
Una orden de alejamiento para proteger a una alumna acosada sexualmente por compañeros de instituto. Dos meses en un centro de internamiento tras provocar altercados en clase y amenazar a un profesor. Más de 6.000 euros de multa a tres alumnos que agredieron con inusitada brutalidad a su profesora. Un abogado que denuncia por “atentado” a otros tres estudiantes de Secundaria que dejaron, tras propinarle un golpe en el ojo, inconsciente a una conserje.
Son todas iniciativas judiciales dictadas o emprendidas en los últimos meses contra menores que traspasaron la línea de la gamberrada para abrazar los dudosos encantos del delito. Lo hicieron en el interior de un centro educativo, agarrándose quizá a una difusa inmunidad escolar que pudiera servirles de coraza contra jueces y fiscales. Pero en esta ocasión las sanciones trascendieron el ámbito académico: la cosa no quedó en un mero expediente disciplinario ni en una expulsión temporal o definitiva.
Algo que hace unos años hubiera sido la excepción de la regla se ha convertido en un recurso cada vez más habitual para abordar casos graves de violencia dentro de la escuela. Haya o no más agresiones que antaño, lo cierto es que las víctimas denuncian más y a los tribunales les tiembla menos el pulso a la hora de decantarse por duros escarmientos.
“Es cierto que se están endureciendo las sentencias”, admite Carmen Guaita, secretaria de comunicación del sindicato de profesores ANPE, uno de los más activos en la defensa de los docentes frente a la violencia escolar impune. “No hay más que ver lo que están haciendo las fiscalías de menores de algunas comunidades como Cataluña o Andalucía. Parece que ha tocado fondo la idea de que los actos no tienen consecuencias”.
ALARMA SOCIAL
La presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), Lola Abelló, también reconoce que los jueces han pasado a la acción, aunque estima que esto ha ocurrido “a raíz de algunos casos que han generado una gran alarma social”, ya que “tampoco hay tanta violencia a nivel global”.
Otros opinan que no se trata de argumentar si ha aumentado o no la conflictividad en las aulas, sino tan sólo de dotar de mecanismos efectivos que protejan a las víctimas y consideren a la violencia como tal a efectos legales cuando ésta se produzca.
Como afirma Guaita, “empezamos a ver que la violencia es igual tenga lugar donde tenga lugar, a sensibilizarnos de que es perjudicial, se dé el contexto que sea”.
La secretaria de comunicación de ANPE traza un paralelismo entre lo que ha ocurrido respecto a la violencia de género –un cáncer heredado de épocas pretéritas que hasta hace bien poco muchos consideraban como un problema de puertas adentro– y la percepción social de que el acoso y las agresiones en la escuela no son cosas de chiquillos. Ambas transformaciones serían síntomas de una “sociedad madura y responsable”. En cuanto a la violencia escolar, en dicho cambio hay un “antes y un después del caso Jokin”, al que Guaita tilda de “mártir moderno”.
BATERÍA DE MEDIDAS
Hay, entre los muchos estudios que se han propuesto analizar la conflictividad en la escuela (ver apoyo en página 3), uno llevado a cabo en 10 centros madrileños que destaca por la originalidad de sus conclusiones. Resulta, por ejemplo, que las asignaturas de mayor riesgo son, por este orden, Inglés, Educación Plástica, Lengua, Ciencias Naturales y Matemáticas. Más aún, 2º y 3º de ESO son los cursos más conflictivos. También muestran peor comportamiento los chicos que las chicas y los repetidores que quienes no lo son.
Peculiaridades de un fenómeno que las autoridades educativas (sobre todo autonómicas) han querido atajar con una batería de medidas que incluye protocolos, observatorios, planes de convivencia y mediadores escolares.
En el campo estrictamente legal, las medidas con mejor acogida entre el cuerpo docente han sido aquellas destinadas a mejorar, agilizar y profesionalizar los servicios de asesoría jurídica destinados a profesores víctimas de una agresión. En los últimos dos años, han introducido medidas en este sentido regiones como Madrid, Andalucía, Murcia o Navarra.
AUTORIDAD PÚBLICA
Hay incluso una fuerte corriente de opinión a favor de considerar a los profesores como autoridad pública. Esto implicaría un enorme salto cualitativo en cuanto a la dureza de las sanciones, ya que se juzgaría a los agresores por “atentado”, una figura reservada a las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.
Mal camino, en opinión de la presidenta de Ceapa. “Lo que hay que hacer es propiciar condiciones que favorezcan la convivencia, no judicializar la escuela. La autoridad no se gana por decreto, aumentando la distancia entre alumno y profesor, sino a través de la cercanía, que no es lo mismo que amistad. La autoridad es algo que se conquista día a día”, señala Abelló.
Ejemplificando la guerra no declarada que sobre esta cuestión enfrenta a sindicatos de profesores y asociaciones de padres, Abelló añade una controvertida declaración: “Un informe del Defensor del Pueblo también menciona que la violencia de profesores a alumnos no ha dejado de existir, pero de esto nadie habla”.
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JAÉN
Una agresión de 6.000 euros. A los tres alumnos que agredieron brutalmente a una profesora en un centro de Jaén les sirvió de bien poco ser menores de edad. Los tribunales dictaron una novedosa sentencia que obliga a pagar más de 6.000 euros (en estos casos lo habitual son cantidades simbólicas) por una agresión que destrozó la espalda de la docente y le ha obligado a permanecer cinco meses de baja. Por el contrario, el centro sólo expulsó a uno de los alumnos.
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ALICANTE
Orden de alejamiento por acoso. Una alumna de 14 años respira más tranquila desde que la Fiscalía de Menores de Alicante dictara una orden de alejamiento contra varios compañeros del IES “Miguel Hernández” que durante meses se habían dedicado a acosarla, con tocamientos de todo tipo incluidos. Al igual que en el caso de las mujeres maltratadas, los alumnos no podrán acercarse a la víctima en un radio de 300 metros. También llevará un dispositivo para avisar a la policía.
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ASTURIAS
Al centro de menores por altercados. Quizás la titular del juzgado de Menores de Asturias, María Fidalgo, tuvo en cuenta que el alumno de 15 años al que recientemente condenó a dos meses de internamiento por provocar altercados en su instituto de Gijón y amenazar (y vapulear) a un profesor era reincidente. Y es que no es habitual una sentencia tan firme para castigar comportamientos disruptivos en el aula. En opinión de la juez, una sanción escolar se quedaba corta.
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ZARAGOZA
Atentado contra la autoridad. Aunque por ahora es sólo una acusación, un abogado de Zaragoza ha sentado precedente al pretender que se juzgue por atentado (entendido como agresión a una autoridad pública en el ejercicio de sus funciones) a tres adolescentes que irrumpieron en un instituto donde no estaban matriculados y propinaron un golpe brutal a la conserje. Ser considerados autoridad pública es el sueño de muchos docentes.
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CÓMO, CUÁNTO, QUÉ HACER: MITOS Y PERFILES DEL ALUMNO VIOLENTO
DE ALUMNO A ALUMNO
– Existen infinidad de definiciones sobre el bullying (acoso escolar o, en su versión más castiza, matonismo). Por su brevedad y por gozar su autor de gran prestigio internacional, la del noruego Dan Olweus es la más aceptada. Dice Olweus que “un estudiante es acosado cuando está expuesto de manera repetitiva a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes” en una situación de “desequilibrio de poder”.
– No hay acuerdo sobre el perfil del acosador. Para unos tiene baja autoestima; otros lo niegan. Sí parece claro que la empatía no es su fuerte.
– Hay estudios con escasa solvencia que aseguran que un 25% de alumnos españoles sufre matonismo. Pasada la escoba del rigor, las cifras bajan hasta el 2-8%. Hay que investigar más, pero no es descabellado pensar que el fenómeno ha aumentado en los últimos años.
– ¿Y qué hacer? Dos estrategias básicas: mediación y sanción. Muchos desconfían de la primera.
DE ALUMNO A PROFESOR
– Salvo los casos extremos que relatamos en este reportaje, la violencia de pupilo a docente suele traducirse en una guerra de baja intensidad con estrategias a largo plazo que terminan por desmoralizar al profesor. Faltas de respeto, murmullos al unísono, aviones voladores… Una guerrilla trufada de sabotajes diarios que se retroalimenta: menos paciencia, más motivos de mofa para los alumnos, nervios in crescendo…
– Más de lo mismo sobre las cifras. Hay quien habla de un 30% de docentes que padecen violencia física o verbal “habitual” por parte de sus alumnos. Un estudio de la Universidad Complutense concluye que uno de cada tres docentes sufre acoso “alguna vez” y sólo el 2% con frecuencia. Faltan no obstante datos más concluyentes.
– No caígas en el error que tantos padres cometen: defender al hijo a ultranza frente al profesor supuestamente agredido no suele conducir a buen puerto.
