En pleno proceso de matriculación, en determinados colegios financiados con fondos públicos –públicos y concertados– existen más solicitudes que plazas disponibles. La política de zonificación, que establecen algunas CC.AA., provoca que ciertos padres se tomen este proceso como una auténtica carrera de obstáculos y, para lograr que sus hijos consigan la anhelada plaza en el colegio que desean, no dudan en recurrir a prácticas poco honestas.
Pues bien, este asunto, que parece una cuestión aséptica y administrativa, se convierte todos los años en campo de batalla entre los padres, los centros y las Administraciones educativas, pues con tal de conseguir que sus hijos estudien en el colegio que han elegido son capaces de todo, sin que la Administración acierte –de manera deliberada o no– a la hora de solucionar este preocupante problema. Todos los años salen a la palestra casos de padres que han falsificado la renta, o que se han divorciado o cambiado de domicilio para conseguir esos puntos clave. Hay quien justifica estas trampas por la obligatoria rigidez de los requisitos de admisión; en muchos sitios, los padres se convierten en investigadores y espías de algunos casos, pues han denunciado mentiras explícitas de determinados padres a la hora de entregar la documentación (como inventarse enfermedades psicológicas de sus hijos o separaciones encubiertas de última hora).
La mayoría de estos problemas están relacionados con centros de prestigio que, como todos, tienen que someterse a estos criterios.
El debate no es baladí pues de alguna manera confirma que la libertad de elección de centro recogida en la Constitución no se cumple a las claras. Es cierto que algo hay que hacer cuando existen más solicitudes que plazas disponibles, pero también se podrían hacer las cosas de otra manera para alimentar la libertad de los padres.
En este asunto, como en tantos otros en la educación, hemos topado con la ideología y la politización. Hay Comunidades Autónomas que tienen una visión más estatalista de la educación; en ellas, los criterios suelen ser inamovibles y se basan sobre todo en la zonificación. Incluso quieren centralizar las solicitudes de admisión para que sean las Administraciones las que se encarguen de vigilar todo el proceso y de canalizar estos temas, sin que las opiniones de los padres ni de los centros se tengan muy en cuenta, pues también habría que medir el grado de implicación de los padres con el ideario del centro educativo al que desean asistir.
Hay libertad, sí, pero muy limitada, sólo para elegir colegios en una zona concreta; si quieres ir a un centro que se sale de esa zona, lo tienes crudo. Incluso durante años no se ha facilitado que los hermanos estudien en el mismo centro, ni que los profesores o trabajadores puedan enviar a sus hijos a su colegio; tampoco se ha tenido en cuenta el domicilio laboral, fundamental también para fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral. Como se puede apreciar, aquí hay mar de fondo.
El debate sobre este asunto es políticamente incorrecto, pues detrás está la realidad de que los problemas de admisión se concentran en determinados centros concertados. Algunas Administraciones educativas siguen considerando la enseñanza concertada subsidiaria de la pública, y no van a tener en cuenta la demanda de los padres para, por ejemplo, ampliar el número de aulas concertadas con el fin de satisfacer las necesidades de escolarización de esos centros y, por lo tanto, fomentar la libertad de elección. Aquí está la madre del cordero.
Mientras tanto, por estas fechas son habituales los reportajes sobre las trampas que se cometen en los procesos de escolarización, sin entrar de verdad en el fondo del asunto o haciendo una fácil demagogia sobre la libertad de los padres. ¿Quién se pone en su sitio?
Valor de ley
• La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece que “las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos, privados y concertados, de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres y tutores”. Bonitas palabras un tanto utópicas.
• Los requisitos para el correspondiente baremo no son los mismos en todas las Comunidades Autónomas, aunque en casi todas se tienen en cuenta las mismas circunstancias: hermanos matriculados en el centro, padres o tutores legales que trabajen en el centro, proximidad del domicilio laboral o familiar, renta anual de la unidad familiar, discapacidades de los padres y de los alumnos, familia numerosa o monoparental, enfermedades crónicas, etc.