Por Rodrigo Santodomingo
Pocos escuchan la voz de los menores como colectivo. Sin apenas capacidad de influencia, han de confiar la defensa de sus derechos a entidades de adultos como Plataforma de Infancia. Su director, Ricardo Ibarra, apunta al motivo por el que la Educación casi no ha pesado en las decisiones políticas de los últimos meses: genera poco dinero.
El curso avanza bajo una triste paradoja: se habla más sobre la escuela que nunca, pero muy poco de Educación.
El foco se centra en las medidas sanitarias, que tememos sean desproporcionadas. Quizá las admininistraciones estén siendo en exceso protectoras, sin tener en cuenta el impacto de sus deciciones sobre la infancia, en parte porque la Educación —a diferencia por ejemplo de la hostelería— no es una actividad económica clave. Se está poniendo demasiado el énfasis en minimizar el riesgo de contagio y no tanto en otras cuestiones: aumento de la desigualdad educativa, calidad de la enseñanza digital…
¿Ha quedado relegado a un segundo plano el derecho a la Educación?
Se han adoptado a la ligera medidas restrictivas para los derechos de la infancia, entre ellos a la Educación, pero no solo, también en el ámbito del ocio. Está claro que hay que garantizar el derecho a la salud. Pero hemos de valorar adecuadamente qué grado de riesgo consideramos aceptable. Un debate este muy activo en cuanto al impacto económico de las restricciones y no tanto en aquello que afecta negativamente a la infancia. Es significativo que los niños españoles hayan sufrido, durante la primera ola, el confinamiento domiciliario más largo de Europa.
A la vista de cómo actúa el virus entre los menores, ¿hemos pecado de alarmistas? Esas declaraciones de algunos grupos de madres y padres, tipo “nos jugamos la vida de nuestros hijos”. Sin subestimar el papel transmisor de los niños, lo cierto es que, sin patologías previas, parece que el riesgo para su salud es mínimo.
Hablar en esos términos era comprensible en marzo o abril, cuando aún se pensaba que los menores podían ser supercontagiadores o incluso población de riesgo. Tal incertidumbre justificó en su momento el afán protector de los padres, pero poco a poco las hipótesis más preocupantes han quedado desmentidas a la luz la evidencia. Sin embargo, no hemos sido capaces de pasar a hablar con propiedad de la enfermedad en la infancia. Los niños, por desgracia, no tienen la capacidad de defender sus intereses como lo hacen, por ejemplo, los sectores empresariales. Y esta indefensión al final pesa en las decisiones de los gobernantes.
En muchos casos, el temor de los padres al contagio de sus hijos viene de que ellos mismos son población de riesgo, por el contacto con los abuelos… ¿Qué opina de las familias que han optado por suspender la escolarización de sus hijos?
Hay situaciones muy dispares, resulta complicado juzgar. Sostenemos que hay padres que, quizá por falta de información, se muestran demasiado cautelosos sin darse cuenta de que la escuela no solo cumple una función académica, sino que es fundamental para la salud mental del menor, su socialización, su actividad física… A lo mejor algunos padres que han tomado esa decisión no están poniendo en valor estas cuestiones.
Tanto en cuestiones sanitarias como puramente educativas, las administraciones se han visto en ocasiones desbordadas y han apelado a la autonomía de centros. Muchos ven una oportunidad para que los colegios públicos y concertados profundicen en una oferta pedagógica propia.
Confíamos en que todo este mal que ha provocado la pandemia sirva al menos para poner en valor la educación. Para que las familias aprecien más el trabajo que hacen sus escuelas y se impliquen con mayor intensidad en su día a día, creando entre todos centros con personalidad. Y para que las administraciones confíen más en los auténticos profesionales de la educación, que son los docentes. Reinvindicamos también que la mayor inversión educativa que ha propiciado la pandemia no sea solo un parche y podamos abordar por fin cuestiones de fondo: fracaso escolar, transformación digital…
¿Se ha tratado adecuadamente a los alumnos más vulnerables, a las víctimas de la brecha sociodigital?
Partíamos de una situación precaria, con la mayor tasa de abandono escolar temprano de la Unión Europea y altos índices de desigualdad. Al tratar de apoyar a los más desfavorecidos, aquellos que más han sufrido la pandemia, se ha llegado mal y tarde. Las ayudas han sido puntuales y parciales. Durante el confinamiento ha habido niños y niñas que han estado cuatro meses sin ningún contacto educativo. Estamos muy preocupados sobre cómo va a salir de esta situación la infancia más vulnerable.
¿Afectará negativamente la semipresencialidad a esos adolescentes que se encuentran al filo del fracaso?
La presencialidad plena es la mejor herramienta para abordar las desigualdades y rescatar a los alumnos que se han desenganchado del sistema. Debería ser una prioridad volver a ella cuanto antes, sobre todo entre grupos en riesgo de exclusión, priorizando alumnado si es necesario. Si no queda otra que continuar durante un tiempo prolongado con la enseñanza a distancia en Secundaria, habría que mejorar mucho la planificación y aumentar la dotación de recursos. Si no damos oportunidades en edades clave, luego no nos sorprendamos de la precariedad laboral o las grandes bolsas de pobreza.
Incluso siendo egoistas como sociedad, apostar por las oportunidades educativas puede contribuir a largo plazo a reducir la delincuencia y la conflictividad social.
La pobreza infantil es una cicatriz que marca para toda la vida. El 80% de las personas que han sido pobres en su infancia lo serán en su vida adulta. Los niños y jóvenes pobres ven sus oportunidades reducidas y muchos toman deciciones que no son beneficiosas para ellos: dejan sus estudios, entran en la criminalidad, descuidan su salud. Por desgracia, en España sigue sin considerarse la Educación y la protección de la infancia como verdaderas responsabilidades de Estado.
